La deforestación en un punto crítico

Por Cristian Frers *

La tremenda tasa de transformación de nuestros bosques nativos en el norte de Argentina para la ampliación de la superficie agrícola, no tiene precedentes en la historia. De no mediar acciones inmediatas por parte del Estado Nacional y de las provincias involucradas, en poco tiempo más perderemos superficies importantes e irremplazables de nuestro patrimonio natural.

La deforestación es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana. Millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente. Éstas son taladas o quemadas, aproximadamente el equivalente a la superficie de un campo de fútbol cada dos segundos. Actualmente la tala continua ha reducido la superficie cubierta por los bosques a una cantidad estimada a 40 millones de km² de los cuales 12 millones son bosques abiertos.
La deforestación no tiene que ver solamente con la pérdida de árboles. También tiene un gran impacto sobre el ambiente. Muchas criaturas vivientes dependen de los árboles por lo que, cuando desaparecen los árboles, igualmente desaparecen los animales. Se pierden medicinas y materiales potencialmente valiosas, lo mismo que el agua y el aire limpios. Sufren las personas indígenas y, eventualmente, también las economías nacionales. El futuro de las personas y de los bosques están interconectados.

La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque. Ambos procesos están vinculados y provocan diversos problemas. Pueden producir la erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. Reducen la biodiversidad, lo que resulta sobre todo significativo en los bosques tropicales, que albergan buena parte de la biodiversidad del mundo.

De los bosques no solo obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para la supervivencia del ser humano: alimentos vegetales y animales, maderas, medicamentos y muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre.

Los planes de gobiernos latinoamericanos contra la tala indiscriminada han logrado avances, pero todavía chocan con fuertes intereses económicos.

Nunca antes América Latina se luchó tanto contra la deforestación como hoy, afirman expertos y gobiernos. Pero la tala en la región aumentó hasta constituirse en la más alta del mundo.

Hubo un aumento de los precios internacionales de productos como la soja, lo que impulsó la ocupación de zonas boscosas especialmente en Bolivia, Brasil y Paraguay.

La deforestación ya es uno de los principales problemas en Argentina, admiten incluso los más conservadores, y parece acelerarse cada vez más. Las consecuencias sociales, económicas, climáticas y hasta estratégicas, son de una dimensión considerable.

Desde décadas atrás, los ecosistemas forestales vienen absorbiendo el apremio del hombre, como consecuencia de la extracción de madera para distintas aplicaciones. Claro está que tal propensión se ha potenciado en los últimos años debido al avance de la frontera agrícola, llegando así a nuestros días, en que la situación exige soluciones impostergables.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 se perdieron casi ochocientas mil hectáreas de bosques. En los cuatro años siguientes el problema se agravó: se deforestaron un millón cien mil hectáreas. Esto significa que en ocho años el país perdió el diez por ciento de su superficie forestada, y que se destruyen casi mil hectáreas de bosque por día. Además, el crecimiento del ritmo anual de la tala en la Argentina es seis veces más alto que el promedio mundial.

En el mundo, la tasa anual de deforestación ronda el 0,23%, mientras que en el África es del 0,78%. En Sudamérica, la tasa pasó del 0,44% en 1999 y 2000 al 0,50% entre el 2000 y el 2005. La Argentina está por encima de la media continental: 0,85%, con extremos como Misiones (1,33%), Santiago del Estero (1,18%) y Santa Fe (0,95%).

La tremenda tasa de transformación de nuestros bosques nativos en el norte de Argentina para la ampliación de la superficie agrícola, no tiene precedentes en la historia. De no mediar acciones inmediatas por parte del Estado Nacional y de las provincias involucradas, en poco tiempo más perderemos irremediablemente superficies importantes e irremplazables de nuestro patrimonio natural.

Se sabe que todos los tipos de bosque del país están sometidos a una descomunal presión de desmonte para sustituirlos por cultivos anuales, especialmente oleaginosos y granos gruesos en general, la producción de agrocombustibles, la ganadería extensiva extrapampeana y en mucha menor medida, plantaciones.

El uso de los recursos debe tener un carácter ordenado y sustentable, involucrando a que participen a las comunidades locales. Proteger muestras representativas de cada ecosistema, utilizar responsablemente los recursos naturales y restaurar los bosques y selvas, destruidos y degradados, es lo que se propone para lograr corregir los usos de la tierra que están afectando las últimas grandes reservas naturales.

Por suerte en Argentina, la presión ciudadana y la creación de un fondo de compensación monetaria fueron determinantes en la sanción de una ley nacional que suspende la tala de bosques nativos en Argentina hasta que cada provincia ordene su territorio y defina áreas intocables y de desarrollo. Esta ley fue sancionada a fines de noviembre del año 2007.

Por un año las provincias no podrán otorgar permisos de tala, y si se atrasan con el ordenamiento territorial -cuyas estrictas pautas se establecieron en el marco de la ley-, la suspensión se prolongará.

El proyecto era muy resistido por legisladores de provincias del norte del país, como Salta, Misiones, Chaco y Santiago del Estero, que defienden el derecho de intervenir en los bosques, inclusive en áreas de reservas naturales o en las que viven pueblos originarios que se abastecen de los recursos de la selva.

El ordenamiento territorial al que están obligados los gobiernos provinciales debe fijar tres categorías de protección: roja para bosques de muy alto valor de conservación que serán intangibles, amarillo para los que toleren un manejo sustentable, y verde para los que se puedan transformar total o parcialmente.

El ordenamiento debe ser aprobado por la legislatura provincial para que la Secretaría de Ambiente de la Nación levante el embargo. A partir de entonces, cada interesado en explotar recursos boscosos deberá presentar a la autoridad competente del distrito un estudio de impacto ambiental.

La norma reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques, como la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, la regulación hídrica y la fijación de gases de efecto invernadero, como el carbono.

Para compensar la pérdida de actividad que implicaría para las provincias el cese de las deforestación, los legisladores aprobaron el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que se repartirá en 70 por ciento para los propietarios de tierras boscosas y el resto a programas de conservación provinciales.

La protección del bosque nativo no es una mera demanda ecologista, postmoderna o de atrasados que no ven el progreso. Pretende en cambio ayudar a mantener los incontables servicios ambientales involucrados y resguardar los recursos, para el aprovechamiento integral de las generaciones actuales y futuras. www.ecoportal.net

* Cristian Frers es Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social.
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monocultivo transgénico, desmonte, desalojo y explotación

"Mientras la mitad de la tierra cultivada produce alimentos para enriquecer a un pequeño sector (empresarios de la agroindustria, multinacionales de la industria química-biotecnológica y el comercio de granos, y un sector de productores medianos que arriendan sus campos) amplios sectores del pueblo se mueren o enferman de hambre; campesinos, trabajadores rurales e indígenas son expulsados violentamente de sus campos condenados a perder su lugar y su cultura migrando a las villas miseria de las grandes ciudades, al tiempo que se destruye la base de recursos naturales que sostiene la agricultura (suelos, bosques y ambientes nativos, agua)"

16 millones de hectáreas es el equivalente en superficie a las provincias de Entre Ríos y Corrientes íntegras. También es la mitad de la superficie cultivada del país. 16 millones de ha es la superficie ocupada hoy por monocultivos de soja en la Argentina. Prácticamente la totalidad de esta soja es transgénica y su patente corresponde a la multinacional Monsanto. También la casi totalidad de esa soja es exportada. Esta descomunal expansión del cultivo de soja se dio como ya es conocido en los últimos 10 años, coincidente en el país con la aprobación de la soja RR[1] en 1996. (en 1996 ocupaba sólo el 27%)[2]

Los efectos de este modelo de monocultivos industriales de exportación son innumerables y algunos están resultando devastadores. Por mencionar solo algunos de los más notorios:

Desmonte de más de 1 millón de hectáreas de bosque nativo en la región chaqueña (provincias de Salta, Chaco, Córdoba y Santiago del Estero)[3] en solo 6 años (1998-2004), más de 100.000 familias de pequeños productores rurales expulsadas del campo [4], en algunos casos como en Santiago del Estero y Córdoba desalojadas por la fuerza[5], enorme concentración de la tierra, creciente desertificación de los suelos producida por el uso generalizado de agroquímicos y la exportación de nutrientes con los granos, desplazamiento de otras actividades tradicionales como ganadería, tambos y cultivos como frutales, legumbres, etc., incremento de la contaminación sobre otros cultivos e incluso de intoxicaciones de personas y animales por el uso masivo e indiscriminado de herbicidas y pesticidas[6], monopolización de la cadena agrícola por parte de las transnacionales de la industria química con derechos de propiedad sobre las variedades de semillas transgénicas (en el caso de la soja más del 98%).

Quizás el costado más violento de este avance de la agroindustria son los desalojos violentos de campesinos e indígenas y la creciente proliferación de bandas paramilitares al servicio de los terratenientes y empresarios sojeros. Esto es cada vez más inocultable, a tal punto que grandes medios de comunicación cómplices y beneficiarios del modelo como el grupo Clarín se hacen eco de esto. Lo que empezó en provincias como Santiago del Estero y Córdoba ahora se extiende a otras como Salta y Chaco. Más violento aún es el avance en países vecinos como Paraguay con muchas zonas del interior militarizadas y en donde el sector campesino es más grande y probablemente más organizado.

A pesar de todo esto nuestra facultad hasta ahora ha permanecido ajena al debate sobre este tema (salvo en alguna ocasión para exponer acerca de las "maravillas" del modelo, con algunas tibias críticas superficiales). Sin embargo este tema toca muy de cerca a la facultad y a la UBA en general.

Además recordemos que la CONABIA, organismo encargado de la evaluación y aprobación de los cultivos transgénicos (pieza fundamental del modelo), esta compuesta actualmente por 32 personas de las cuales al menos 6 son investigadores-docentes de la UBA.(18%)[7] En este punto hay que separar:

Por un lado los riesgos y las incertidumbres que existen con respecto a al impacto de los OGMs (por el mismo hecho del transgénico en sí) a mediano y largo plazo en el ambiente y la alimentación humana y animal. Incertidumbres que quienes promueven estas aplicaciones niegan o desprecian en una actitud de enorme irresponsabilidad y soberbia.

Por otro lado la orientación o finalidad de las modificaciones hechas en las semillas recombinantes. Estas son solo para dos fines en todas las liberaciones comerciales aprobadas; la resistencia a herbicidas y la producción de toxinas contra insectos.

Lo cierto es que este último punto hace que los OGMs aprobados por la CONABIA sean funcionales al modelo agropecuario actual que solo favorece el desarrollo de grandes monocultivos industriales, mecanizados, con alto consumo de insumos externos (agroquímicos, fertilizantes, combustible, etc.) y bajo empleo de mano de obra. Favoreciendo (junto a la complicidad del estado en todas las esferas) la concentración de la tierra y la monopolización de la agricultura en manos de un puñado de empresas multinacionales. Es muy ilustrativo ver la lista de cultivos OGMs aprobados para su liberación comercial, el 100% corresponden a los gigantes de la industria química (Ciba-Geigy, Nidera, AgrEvo, Monsanto, Novartis, Hoechst Schering, Dow y Pioneer)[8]. Es claro que están pensados y diseñados por ellos para un único objetivo que, como no puede ser otro viniendo de este sector, es el afán de lucro.

Es para destacar que frente a esta primera crítica quienes promueven el cultivo de OGM siempre recurren en última instancia a buscar la legitimación social en el supuesto aumento de la productividad que acarrearían los cultivos de OGM y en el aporte de esto a la solución del hambre en el mundo. Basados en esto es que se ignora sistemáticamente el principio de precaución [9], exponiéndose a riesgos innecesarios. Subyacente a esto esta el falso supuesto de que con una reforma del modelo productivo por medio de la innovación científico- tecnológica (en este caso el supuesto aumento de la producción) se puede resolver el problema del hambre, cuando es evidente que la solución no pasa por ahí, sino más bien por el sistema político -económico-social que origina esos problemas y desigualdades. Quienes hoy sufren hambre no lo padecen porque sea insuficiente la cantidad de alimento que se produce a nivel mundial sino porque no tienen acceso a los mismos o a los medios para adquirirlos (dinero, tierras, herramientas y capacitación, etc.).

Entonces mientras más de la mitad de la tierra productiva argentina se destina a producir granos para exportar, en el mismo período de espectacular despegue de la agroindustria de la soja y cuando año tras año se vienen sucediendo cosechas récord, los niveles de pobreza y el hambre en el país se incrementaron de manera escandalosa. Sólo en el Gran Buenos Aires el nivel de pobreza se incrementó del 27 % en 1996 al 42% en el 2004.[10] Llegando al absurdo de que mientras la Argentina produce alimentos para 10 veces su población, el 44% de esta viva en la pobreza y el 33% bajo la línea de indigencia.(2004)[11].

Para decirlo en criollo, mientras la mitad de la tierra cultivada produce alimentos para enriquecer a un pequeño sector (empresarios de la agroindustria, multinacionales de la industria química-biotecnológica y el comercio de granos, y un sector de productores medianos que arriendan sus campos) amplios sectores del pueblo se mueren o enferman de hambre; campesinos, trabajadores rurales e indígenas son expulsados violentamente de sus campos condenados a perder su lugar y su cultura migrando a las villas miseria de las grandes ciudades, al tiempo que se destruye la base de recursos naturales que sostiene la agricultura (suelos, bosques y ambientes nativos, agua). La gente se agolpa en las ya superpoblados conurbanos en donde no tiene la posibilidad de trabajar ni de producir mientras los campos están cada vez mas despoblados.

Frente a todo esto creemos en primer lugar que nos debemos un urgente y profundo debate acerca del tema. Debate que por otro lado ya se ha iniciado hace un tiempo en otros espacios.

El sistema impone distintos modelos con el fin de intensificar la explotación y la opresión, por lo tanto, creemos que es necesario un cambio de fondo en el sistema , que implique un vuelco hacia una agricultura en manos de los agricultores y campesinos, cuya prioridad sea producir alimentos sanos y seguros para abastecer a todo el pueblo, enfocando en el desarrollo de sistemas de cultivos basados en la diversidad.